Noticias en Línea Una moción de censura fue anunciada en el Congreso contra Fernando Rospigliosi, tras acusaciones de haber presionado públicamente a magistrados del Poder Judicial en un proceso por presuntos delitos de lesa humanidad. La iniciativa sostiene que sus declaraciones y actos vulneran la independencia judicial y la separación de poderes.
El Congreso de la
República del Perú enfrenta una nueva controversial disputa política tras el
anuncio de una moción de censura contra Fernando Rospigliosi, presidente
encargado del Parlamento, por presunta intimidación a jueces del Poder
Judicial. La iniciativa fue presentada por la congresista Ruth Luque, quien busca
reunir las firmas necesarias para llevar la medida a debate, acusando al
legislador de haber ejercido una presión política y mediática indebida sobre
magistrados que tenían a su cargo un caso de violaciones de derechos humanos.
Según el documento,
Rospigliosi habría utilizado una columna de opinión y declaraciones en medios
para identificar a los jueces que debían decidir sobre la aplicación de la Ley
N.º 32107 —norma que limita la imprescriptibilidad de los delitos de lesa
humanidad— y advertirles sobre posibles denuncias y sanciones si no aplicaban
la legislación aprobada por el Congreso. Estas expresiones se difundieron horas
antes de una audiencia judicial en la que la defensa de dos exmilitares
procesados por la masacre de Cayara solicitaba la prescripción de los delitos,
generando críticas por lo que algunos consideran una injerencia en un proceso
jurisdiccional aún en trámite.
La moción detalla
que Rospigliosi mencionó con nombre y apellido a los magistrados del caso en su
columna y los calificó con antecedentes negativos, además de sugerir que
podrían ser denunciados ante organismos de control como la Junta Nacional de
Justicia y la Oficina de Control de la Magistratura. Asimismo, se cuestiona que
el congresista haya estado conectado virtualmente a la audiencia del 12 de
enero, lo cual, en opinión de los promotores de la censura, habría reforzado la
percepción de presión institucional sobre la Sala que evaluaba la situación
procesal.
La propuesta de
censura señala que estos hechos comprometen la separación de poderes, pues
afectan la imagen del propio Congreso y resultan incompatibles con el deber
constitucional de respetar la independencia judicial. También invoca el
pronunciamiento de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia, que ha
calificado los actos atribuidos al presidente del Legislativo como graves al
tratarse de un proceso vinculado a presuntas violaciones de derechos humanos.
LA REPÚBLICA/NEL
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