Para el colectivo de mujeres la audiencia judicial que se
inició a las 9.30 de la mañana, es un momento decisivo para restablecer los derechos
que consideran les fueron arrebatados con una clausura que consideran irregular.
Para Ángela Villón, activista y representante del colectivo
de trabajadoras sexuales, la demanda de amparo no solo busca la reapertura del
local, sino también el reconocimiento de derechos fundamentales que les fueron
vulnerados con la clausura, como el derecho al trabajo, a la dignidad, a la
igualdad ante la ley y a una vida libre de violencia.
Villón explicó que el establecimiento contaba con licencia
de funcionamiento vigente y con un certificado de seguridad de edificaciones
válido hasta el año 2026, requisitos exigidos por la Municipalidad de Lima.
Detalló que tras la clausura muchas de las trabajadoras se
vieron obligadas a ejercer su actividad en la vía pública o en espacios
informales, lo que incrementó la vulnerabilidad a las que están expuestas como la
explotación y el accionar de organizaciones criminales.
NEL

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