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en Línea. Una nueva denuncia sale a la luz contra el rector de la Universidad
Garcilaso de la Vega, Luis Cervantes Liñán. Esta vez, el Ministerio Público le
ha abierto una investigación al catedrático por el delito de lavado de activos
por, presuntamente, utilizar el dinero que ingresa de las pensiones para su
negocio particular o la adquisición de propiedades.
“El
denunciado estratégicamente ha establecido un conjunto de operaciones complejas
para poder apropiarse de los activos de la universidad y lavar los mismos (…)”,
indica la denuncia presentada al titular de la 57 Fiscalía Provincial, Jorge
Sanz, quien resolvió abrir una indagación preliminar.
El
documento señala además que, de los
altos sueldos que Cervantes Liñán les ha asignado a sus familiares y
colaboradores más cercanos (ver recuadro), el investigado ha aprobado una serie
de compras directas y adjudicaciones de obras a terceros sin comunicar a la Gerencia
General de la institución, encargada de tales operaciones.
“El
lavado de activos y el conjunto de operaciones que han planificado y montado el
denunciado y sus cómplices son todo un proceso. Recauda montos millonarios
(pensiones) de los que se apropia fraudulenta y dolosamente, los cuales, una
vez que los ha obtenido, los transfiere a cuentas en el extranjero y/o en
inversiones inmobiliarias o en empresas legalmente constituidas”, se indica en
la denuncia presentada por Lucas Lavado, exgerente general de la universidad.
Precisamente, en el documento se da cuenta que el rector constituyó a su nombre
y a nombre de sus hijos, Luis Adolfo y María Claudia Cervantes Ganoza, la
empresa inmobiliaria LL&M Contratistas Generales S.A.C, en el año 2009, cuando
ya ejercía el cargo de rector.
El
capital social de la compañía ascendía a 10 mil nuevos soles, y el objeto
social era la construcción y edificación de obras civiles públicas y privadas
en general.
Un
año después, en noviembre del 2010, Cervantes Liñán le traspasó la Gerencia
General a su esposa, Isabel Ganoza Izaguirre. Aunque él seguía girando cheques.
También
se describen otras operaciones del rector. Según información remitida por la
Superintendencia Nacional de Registros Públicos al despacho de la 57 Fiscalía,
el rector tendría a su nombre 3 viviendas, dos de las cuales fueron adquiridas
cuando ya ganaba un alto sueldo en la universidad.
La
primera es una casa ubicada en Santiago de Surco, la que compró en diciembre
del año 2009 por el precio de U$S246 mil. Dos años después, en diciembre del
año 2011, adquirió una segunda vivienda, ubicada en Cieneguilla, a un precio de
U$S550 mil.
Pero esta no es la única indagación que el rector tiene en el Ministerio
Público. La 24 Fiscalía Provincial Penal le ha abierto una investigación por
los delitos de asociación ilícita y fraude en la administración de justicia por
los millonarios sueldos que él, su familia y su personal más cercano obtienen
de la Garcilaso.
Al
respecto, el exgerente general de la universidad Lucas Lavado alertó que la
defensa del rector presentó un escrito al titular de la 57 Fiscalía para que se
inhibiera de seguir investigando y que este caso pasara a otro despacho.
En
un inicio el magistrado aceptó el pedido, por lo que el caso fue derivado a la
24 Fiscalía. Pero, a su vez, esta rechazó incluir en su investigación el delito
de lavado de activos y, ahora, el expediente se encuentra nuevamente en su
despacho.
El
fiscal Sanz ha solicitado un informe a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
y a la Superintendencia de Banca y Seguros a fin de que le remitan los reportes
y operaciones sospechosas del rector, sus hijos y colaboradores. Este diario
trató de comunicarse con el rector, pero no tuvo respuesta.
NEL/Perú21
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