Noticias
en línea. El tema del exmercado La Parada sacó chispas el último
martes en la sesión del concejo de Lima. Ese día, los regidores de Fuerza
Social intentaron ocultar un informe que no solo demuestra que la comuna
cometió “una grave negligencia y absoluta falta de previsión”, sino
que, además, revela presuntos actos de corrupción.
El documento
presentado por la bancada del Partido Popular Cristiano (PPC), al que Perú21 tuvo
acceso, refiere que la barbarie desatada los días 25 y 27 de octubre de 2012
–que dejó cuatro muertos– reflejó la “impericia administrativa municipal”.
“(La
municipalidad) de haber preservado el diálogo y de haber sido más flexibles
como seres humanos, pero sobre todo como autoridades, pudo haber tenido un
desenlace con un menor costo social”, detalla una de las conclusiones.
La
investigación enumera una serie de irregularidades cometidas antes,
durante y después de dichos operativos, y, además, responsabiliza de estos
hechos a Ricardo Fort y Ricardo Giesecke, exgerentes de la Empresa
Municipal de Mercados (Emmsa).
IMPROVISACIÓN
Según el PPC, un factor que desencadenó la violencia fue que el municipio
prometió una serie de condiciones que al final no cumplió.
En
el 2011, por ejemplo, voceros ediles aseguraron que la mudanza se produciría
una vez que se concluyera la construcción de seis nuevos pabellones en el
Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), en Santa Anita.
Sin
embargo, estas mejoras nunca se hicieron, por lo que “Emmsa incumplió sus
propias condiciones (…) y el proceso de traslado voluntario falló”.
Menciona
que durante la gestión de Fort se cometieron“graves errores y negligencias
injustificables de comunicación”, pues hubo hasta cinco cambios de fecha
de traslado.
Ricardo
Giesecke, del mismo modo, tampoco logró consensuar las reglas de operación, “lo
cual materializó un rechazo unitario al traslado”.
“Si
bien el plan impulsado por Giesecke podría constituir una visión moderna (uso
de jabas, compras solo por tarjetas de crédito, mecanización de estiba y
desestiba, creación de microempresas, entre otras), esto no se comunicó
con claridad”, indica.
Es
más, el informe precisa que la comuna incumplió, incluso, con las
recomendaciones que figuran en la consultoría realizada por la Universidad
Católica del Perú, la misma que fue contratada por Emmsa.
Respecto
al operativo, establece responsabilidades en altos mandos policiales, “ya sea
por errores preparatorios o de inteligencia”.
PRESUNTA CORRUPCIÓN
Sin embargo, los errores municipales se “agravaron” después de la mudanza. El
informe refiere, en primer lugar, que Emmsa no previó ningún control en el
ingreso a Santa Anita, lo cual provocó que se dejara afuera a muchos
mayoristas adjudicados en La Parada.
Sin
embargo, lo más grave se dio con los presuntos actos de corrupción que habrían
buscado favorecer al Consorcio Virgen de la Puerta, en la construcción de los
nuevos pabellones en Santa Anita; y en el caso Relima, empresa que pretende
cobrarle a Lima S/.3.7 millones por brindar un servicio que nunca estuvo
sustentado en un contrato.
Al
respecto, el regidor Alberto Valenzuela manifestó que “existen indicios de
corrupción en la municipalidad quedeben ser investigados y aclarados por
el Ministerio Público y la Contraloría General de la República”.
“Indudablemente Giesecke
es el funcionario que está más implicado en estos actos. Este señor ya
tiene antecedentes que vienen desde el papel que tuvo en el caso (de la minera)
Conga y en La Parada”, indicó en conversación con Perú21.
Denunció
que, por razones políticas, el concejo metropolitano blinda tanto a Giesecke como
a otros funcionarios.
“Giesecke
es fundador de la agrupación ‘Ciudadanos por el Cambio’. Por ello hay presión,
por parte de los socios de Villarán, Marco Arana y Salomón Lerner, para frustrar
cualquier tipo de investigación”, afirmó.
No
obstante, adelantó que este martes su partido presentará en el concejo
metropolitano una moción para que se cree una comisión investigadora de los
casos Relima y Virgen de la Puerta.
CRONOLOGÍA
- Jueves
25 de octubre de 2012. A las 2:00 de la tarde comienza el operativo
policial para colocar bloques de cemento en los alrededores de La Parada. Esto
generó violentos disturbios. El saldo fue de dos muertos y 108 heridos.
- Viernes
25 de octubre de 2012. La alcaldesa Susana Villarán, desde el extranjero,
declara que había salido de Lima “por un impostergable asunto familiar que
había dejado de lado por bastante tiempo”. Promete volver esa misma noche.
- Sábado
27 de octubre de 2012. La Policía, con 4 mil agentes, efectúa un nuevo
operativo en La Parada. Mueren dos personas. No obstante, la intervención fue
considerada exitosa, pues se logró instalar los bloques de concreto para cerrar
el acceso.
- Domingo
28 de octubre de 2012. Con el ingreso de camiones desde las primeras horas del
día se dio inicio al funcionamiento del mercado de Santa Anita.
- Martes
2 de abril de 2013. El juez Malzon Urbina ordena el retiro de los bloques
en La Parada.
- Miércoles
22 de mayo de 2013. La Cuarta Sala Penal Superior revoca la sentencia de
Urbina.
NEL/Perú21
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