Noticias en Línea. Fuerza
Popular (FP) tomó distancia de los familiares del expresidente Alberto Fujimori
acusados de corrupción, sobre quienes hay órdenes de captura internacional por
requerimiento de la justicia peruana.
Según
un reciente anuncio de la Procuraduría Anticorrupción, son actualmente 90 los
vinculados con el gobierno fujimorista (1990-2000) en condición de prófugos.
En
el grupo figuran Juana y Rosa Fujimori (hermanas del exjefe de Estado); Víctor
Aritomi (cuñado), exembajador del Perú en Japón; y Myriam Aritomi Fujimori
(sobrina). Todos ellos están acusados por enriquecimiento ilícito.
Al
respecto, Julio Gagó, portavoz del partido fujimorista, declaró a Correo que
los prófugos de la justicia peruana, incluidos los familiares requisitoriados
del expresidente, tienen que ser investigados y sancionados "si cometieron
actos de corrupción".
"En
Fuerza Popular -dijo Gagó-, (el de los parientes prófugos) es un tema
totalmente aparte". Comentó que el fujimorismo en una etapa anterior fue
exitoso, pero también cometió errores.
"Keiko
Fujimori lo ha dicho claramente: los que cometieron actos de corrupción, deben
ser condenados y castigados. Nosotros no estamos favoreciendo a nadie. No
sabemos la situación de cada uno de ellos. Ahora hay un nuevo fujimorismo. Que
se investigue y se llegue hasta las últimas consecuencias, pero sin
persecuciones políticas", manifestó Gagó.
"¿Cree
que hay persecución política contra familiares del expresidente?",
preguntamos. "No, no. No estoy diciendo eso. Solo digo que se hagan las
investigaciones que correspondan, y si cometieron actos de corrupción, tendrá
que caer sobre ellos el peso de la ley, igual que sobre cualquier
exfuncionario", subrayó.
Se
sabe que Aritomi y su familia (su esposa Rosa Fujimori y su hija Myriam
Aritomi) se acogieron a la ciudadanía y nacionalidad japonesa.
El
exembajador en Japón labora como profesor asociado en la Universidad de
Agricultura y Tecnología de Tokio.
Para
la Procuraduría Anticorrupción, Aritomi es considerado un "prófugo de la
justicia" y es requerido por los presuntos delitos de apropiación ilícita
de las donaciones japonesas y enriquecimiento ilícito.
Se
afirma que Aritomi estaría vinculado además con la "devolución" de
$15 millones que Fujimori pagó a Vladimiro Montesinos.
Fuente: Correo
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