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en Línea. El presidente de la "megacomisión", que investiga supuestas
irregularidades del segundo gobierno aprista, Sergio Tejada, indicó que según
nueva información recabada "todo parece indicar que sí hubo una injerencia
política" en el caso Bussines Track (BTR).
"Lo que estamos haciendo es investigar la interferencia política en todo el
proceso, si es que hubo alguna orden desde las altas esferas del poder para
llevar las investigaciones por un lado determinado u ocultar determinada
información. Todo parece indicar que sí hubo una interferencia", afirmó en
un reportaje de un canal de televisión de señal abierta.
Como se ha informado, el último viernes se supo que el grupo de trabajo,
que preside el congresista oficialista, revisó un informe preliminar de
150 páginas sobre el citado caso en el que se recomienda demandar al
expresidente Alan García y a otros funcionarios de su gobierno como el ex
primer ministro Jorge del Castillo y la exfiscal de la Nación, Gladys Echayz,
por el delito de asociación ílicita para delinquir con cargos por
obstaculización de la justicia.
Tejada indicó que la participación del exmandatario en este caso constituye la
principal hipotesis de la investigación.
El
documento señala que García ordenó en 2009 a, quien entonces era su ministro de
Defensa, Antero Flores Araoz, a que diera facilidades a un grupo de fiscales
para intervenir la sede de Inteligencia de la Marina donde se encontraban los
equipos de interceptación de la empresa Bussines Track sin autorización del
Poder Judicial.
Como se sabe los integrantes de la citada empresa que fueron sentenciados a
prisión denunciaron en aquella ocasión irregularidades en la intervención de
sus archivos eléctronicos, asegurando que se habían cambiado memorias USB y
borrado contenidos.
El último viernes, luego que se difundiera en medios de prensa la posible
acusación que se haría en su contra, el líder del Apra afirmó a través de un
comunicado de su despacho que el caso BTR había sido sentenciado por la Corte
Suprema, y que está había declarado que no existió "responsabilidad o
presión política.
Al respecto Sergio Tejada, afirmó que "cuando la segunda Sala Fiscal de
Delitos de Corrupción hizo la investigacion (...) estableció este tipo de
irregularidades que tenía que ver con la pérdida de USB y con la manipulación
de pruebas".
Asimismo aseguró que dicha sala "remitió al Congreso su resolución
señalando que habían una serie de altos funcionarios con derecho a antejuicio
que podían haber incurrido en delito".
RPP
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