El Poder
Ejecutivo presentó hoy al Congreso el proyecto de Ley que sanciona con una pena
de entre 4 a 8 años de cárcel al que públicamente apruebe, justifique, niegue o
minimice los actos cometidos por organizaciones terroristas, conocido como
negacionismo.
Para tal efecto, propone como fórmula
legal la incorporación del artículo 316°-A al Código Penal con el concepto
“Negacionismo de los delitos de terrorismo”.
La iniciativa plantea sancionar a los autores de
expresiones con fines de menospreciar, hostilizar u ofender gravemente un
colectivo social; enaltecer a los responsables de dichos delitos; propiciar o
estimular la violencia terrorista, y que sirva como medio para adoctrinar con
fines terroristas.
El propósito de la norma, agrega, es garantizar las
condiciones mínimas que aseguren la convivencia social pacífica, teniendo en
cuenta los hechos históricos ocurridos en el Perú causados por el terrorismo.
“El referido proyecto constituye un mecanismo legal destinado a reforzar el
Estado de Derecho, a través de la tipificación de conductas que, excediendo el
margen de libertad socialmente reconocida, trivializan o pretenden justificar
los gravísimos actos de violencia terrorista perpetrados en nuestro país”,
señala una nota de prensa la
Presidencia del Consejo de Ministros.
La exposición de motivos del referido proyecto,
establece un claro deslinde del pleno respeto del Estado a la libertad de
expresión de quienes hacen uso de ese derecho con propósitos vejatorios y que
inciten a la violencia.
De la misma manera, expresa que la intervención del Derecho Penal se justifica
sobradamente puesto que a diferencia de otras prácticas antisociales, la
violencia terrorista tiene un componente ideológico que no se agota en su sola
expresión, sino que se manifiesta en actos cruentos y desproporcionados contra
derechos fundamentales, reñidos con los valores democráticos de un Estado de
Derecho.
Al respecto, el Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, dijo
esta mañana que el proyecto de Ley del Negacionismo merece un amplio
debate nacional y que está dispuesto a concurrir al Congreso de la República para explicar
los alcances de la norma, ante el riesgo de que los movimientos violentistas
pretendan recuperar fuerzas y tener presencia política en el país.
Fuente: Noticias en Línea - ANDINA
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