El
candidato opositor a la presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, fue
procesado por delitos de instigación a delinquir, agavillamiento o asociación
ilícita, instigación a causar zozobra a la población y obstrucción de la vía
pública, así como los asesinatos ocurridos el lunes durante varias protestas.
La Fiscalía General de la República de
Venezuela abrió el proceso contra Capriles, miembros de su comando de campaña y
algunos miembros de la Mesa de la Unidad, a través de la fiscal general Luisa
Ortega.
De acuerdo con fuentes del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ), el presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro,
ordenó a Luisa Ortega y a la presidenta del TSJ, Luisa Estella Morales,
proceder al procesamiento de Capriles, su equipo de campaña y otros dirigentes
de la oposición, cuyas identidades ABC no ha podido conocer.
El procedimiento abierto por la Fiscalía se
corresponde con la advertencia lanzada el mismo martes por el propio Maduro,
durante una retransmisión televisiva en cadena, de tomar medidas legales contra
Capriles.
La imputación a Capriles y demás dirigentes
opositores invoca los artículos 285 y 292 del Código Penal, que hacen referencia
a la instigación a delinquir y al agavillamiento, respectivamente. El primero
habla de pena de prisión de tres a seis años; el segundo, de prisión de seis
meses a un año.
También se invocan los artículos 296-A y 357,
relacionados con la instigación a causar zozobra a la población y con la
obstrucción de las vías públicas. En ese supuesto se contemplan penas de dos a
cinco años.
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