El Congreso de los
Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que insta al
Gobierno a que haga las gestiones oportunas para controlar la difusión de
imágenes de determinados lugares en páginas de Internet, por entender que
pueden afectar a la seguridad nacional.
La iniciativa
partía del PP y ha sido aprobada en la Comisión de
Defensa casi por unanimidad (sólo se ha abstenido IU). La
letra de la proposición y su exposición de motivos no citaba explícitamente a
ninguna empresa, pero es indudable que lo que se quiere controlar son las
imágenes que ofrecen con detalle sitios como Google Maps o sus
equivalentes de Apple, Yahoo! y otros, limitándolas en su caso
pixelándolas o difuminándolas.
"La
cartografía por satélite disponible a través de internet proporciona una
información de enclaves e instalaciones sensibles que podría facilitar
poner en riesgo la seguridad nacional y el mantenimiento de la estabilidad
internacional", dice la exposición de motivos del PP.
En concreto, los populares muestran
su preocupación por que "algunos grupos terroristas han reconocido
públicamente el uso de tales herramientas para la elaboración de sus
ataques, mostrando el uso indebido de estas tecnologías". Admiten a
continuación que "es obvio que el terrorismo no existe por culpa de estas
nuevas formas de acceso a la información cartográfica", pero añaden que
"sí pueden facilitar la comisión de actos terroristas si no se
protege debidamente la difusión de datos sobre instalaciones sensibles".
Sin límites en la
actualidad
Actualmente, no
hay ninguna limitación en España a la difusión de imágenes tomadas por satélite
del territorio nacional, sus ciudades y sus edificios, incluyendo instalaciones
militares y sedes y residencias oficiales. Por ejemplo, en estas aplicaciones de
Internet se pueden ver con detalle los palacios de La Zarzuela y La
Moncloa (residencias del Rey y del presidente del Gobierno,
respectivamente), la sede del Centro Nacional de Inteligencia o bases
de las Fuerzas Armadas como las de Torrejón de Ardoz y Rota.
La propia
exposición de motivos de la proposición aprobada por el Congreso se hace eco
del vacío legal que existe en este campo. La legislación es antiquísima y sólo
hace referencia a fotografías aéreas tomadas por aviones, por lo que
"es de difícil, cuando no imposible, aplicación", ya que "nos
referimos a satélites, no a aeronaves".
Para más
complicación, el PP se lamenta de que estas imágenes están localizadas "en bancos
de datos situados fuera de nuestras fronteras y no existe legislación
internacional o acuerdos referentes a la difusión por empresas privadas de
información relevante para la seguridad nacional".
No obstante, los populares consideran
que "tales dificultades no deben impedir que se adopten determinadas
medidas", y de hecho "existen iniciativas que propician que zonas
determinadas designadas como sensibles para la seguridad nacional aparezcan
pixeladas o difuminadas, siendo imposible extraer información útil de
ellas".
Por ello, el
Congreso insta al Gobierno a que realice un estudio sobre el grado de
información que se puede obtener con estas imágenes, que dote de medios a
los organismos responsables y que tome "las medidas oportunas, incluyendo
la promoción de acuerdos bilaterales o a través de organizaciones
internacionales, así como con empresas civiles nacionales o internacionales,
para limitar los daños potenciales a la seguridad nacional".
Si finalmente el
Ejecutivo tomara alguna decisión al respecto, la responsabilidad de difuminar
las imágenes no correspondería en cualquier caso a Google, Yahoo! o Apple, sino
a las empresas que les proporcionan las capturas por satélite, algo que
admite el propio PP, que estima que se trata de tres o cuatro compañías,
algunas de ellas incluso con participación pública.
Desde Google, que
posee el sitio de mapas más utilizado en Internet, una portavoz quiso destacar
este punto, recordando que "cualquier tipo de edición corresponde a los
dueños de las imágenes". Como ejemplo, mostró la diferencia con Google
Street View, la aplicación que permite al usuario ver imágenes en tres
dimensiones como si se encontrara en la misma calle.
En este caso, las
fotografías sí pertenecen a Google, que las obtiene con sus propias cámaras, y
el usuario puede escribir a la compañía si considera que alguna de ellas
vulnera su privacidad o su seguridad, como puede ser que salga su vehículo con
su matrícula o determinadas imágenes de su vivienda.
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