Modelo
chavista. No contentos con pretender comprar la refinería de La Pampilla y militarizar
los puertos, el Gobierno tendría en su agenda convocar a personal médico cubano para
que brinde sus servicios en la seguridad social del país.
Así
consta en el documento marco que sería suscrito en los próximos días por Virginia Baffigo, presidenta ejecutiva del Seguro
Social de Salud (Essalud), e Ismael Castillo García, por parte del Ministerio
de Salud Pública de Cuba.
El
consejo directivo de Essalud decidirá en la primera semana de mayo si
aprueba o desestima el convenio. El pasado 9 de abril ya fue visto por dicha
instancia, pero por oposición de los directores del sector privado, el tema fue
pospuesto para el próximo mes.
El convenio, que tendrá una vigencia de tres años, tiene por objetivo la
prestación de servicios de salud en nuestro país en las diferentes
especialidades médicas con personal cubano”. También se
trasladarán pacientes a Cuba y se intercambiarán, en ambos territorios,
asesoramiento, consultorías y capacitación de profesionales, siendo, en todos
los casos, a solicitud de Essalud.
“Todo
ello a cambio de la correspondiente remuneración que se pacte y que será
abonada por Essalud a la parte cubana”, señala una carta que remite Luis Miguel
López León, gerente de Prestaciones Hospitalarias, a la funcionaria Ada Pastor
Goyzueta, gerente central de Prestaciones de Salud de Essalud. Ese documento es
un anexo del convenio marco.
“Es prudente aprender de la experiencia
cubana en materia de salud
(…), resultando conveniente para nuestra institución firmar el convenio entre
el Ministerio de Salud de Cuba y Essalud”, añadió López León en su misiva.
Virginia Baffigo sostuvo que el convenio se
suscribe dentro de la política de puertas
abiertas con otros países. Indicó que se
eligió a Cuba por la capacidad y calidad de su personal y que el apoyo que se
recibe de ese país para atender a pacientes con pie diabético es una muestra de
ello.
Sin
embargo, no precisó cuánto le costará a Essalud la presencia de este personal. “Los países no pueden
ser generosos, hay un costo”, dijo.
Igualmente,
rechazó que la suscripción de este convenio responda a alguna orden de Palacio
de Gobierno. “No ha habido orden de
Palacio, asumimos una decisión autónoma y
profesional en beneficio de los asegurados”, subrayó.
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