Cuando la decisión del Gobierno de
comprar los activos de Repsol en
Perú –que incluyen La Pampilla, una red de grifos y una planta de gas– parecía
tomada, la primera dama, Nadine Heredia, dejó entrever lo contrario,
ante las críticas de la oposición y del sector privado a una intervención estatal de este
tipo.
“Lo que señaló el presidente (Ollanta Humala)
es una intención, un interés, pero si eso no se puede demostrar en
los números, que es beneficioso para el país, simplemente no va”,
dijo durante su participación en una actividad en el emporio comercial de Gamarra.
Como se sabe, diversos expertos
han advertido que una intervención estatal en Repsol es un pésimo negocio,
por diversas y atendibles razones.
Entre estas, porque el
Estado tendría que desembolsar más de US$2,000 millones, cuando en el país hay necesidades
mucho más urgentes en salud, educación, seguridad e infraestructura.
A esto se suma la alta exposición al riesgo financiero que significaría
la transacción, sin contar que quebraría las reglas del mercado y afectaría la confianza de los
inversionistas.
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