En conferencia de prensa, el juez Malzon
Urbina defendió su fallo que declaró fundado el recurso de hábeas corpus que
presentaron los comerciantes de La
Parada paravolver al excentro de abastos de La Victoria.
El magistrado alegó que este terreno fue donado
por la familia Cánepa Caycho para el funcionamiento de un mercado mayorista y
otro minorista, y que, por tanto, no se le puede dar un uso diferente, como
pretende la gestión de Susana Villarán.
“El contrato de donación estableció en su
cláusula segunda que la
Municipalidad de Lima aceptaba, nadie puede regalar algo sin
que la otra parte no quiera”, dijo el magistrado, tras subrayar que las
donaciones constituyen un contrato y “los contratos son de obligatoriedad
insalvable de cumplimientos”.
En ese sentido, señaló que la
administración edil no cumplió con el debido proceso al ordenar el desalojo de
los comerciantes. “Hay frondosos indicios de la perpetración de varios
delitos contra la fe pública”, advirtió.
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