lunes, 1 de abril de 2013

Ministro Cateriano admite que reclutas realizan patrullaje en el Vraem

"En el aspecto militar el riesgo siempre existe, como existe con los bomberos", afirmó el ministro de Defensa, Pedro Cateriano, al reconocer que jóvenes reclutas sí van al Vraem,pero para realizar labores de patrullaje y no acciones de combate. 


"El jefe del Comando Conjunto (José Cueto Aservi) ha dicho que sí hay actualmente jóvenes en el Vraem, pero que no cumplen acciones militares sino simplemente acciones de patrullaje y de control en la zona de las bases, no salen a enfrentar ni realizan labores de inteligencia", aseguró en los estudios de RPP Noticias. 

De esa forma el titular de Defensa reiteró que es falsa la acusación respecto a que envían jóvenes al Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) como "carne de cañón". "Eso forma parte de una campaña para caricaturizar y desnaturalizar el objetivo del sorteo", aseveró. 

Subrayó que solo va al Vraem personal capacitado, "profesionales". 

En otro momento, refirió que lo recaudado de las multas que paguen quienes no deseen enrolarse (1.800 soles) será repartido equitativamente entre quienes prestan el servicio militar. 

No obstante, recalcó que aún no vence el plazo para reglamentar la ley y por lo tanto el decreto legislativo sobre el particular todavía puede ser modificado por el Congreso de la República. Apuntó que el Ejecutivo ya no lo puede hacer puesto que ya vencieron las facultades legislativas que le habían sido otorgadas. 

Cateriano explicó que el servicio militar en la práctica es un sistema mixto. 

"El servicio es voluntario pero la realización del sorteo es obligatorio. En la práctica lo que hay es un sistema mixto", sentenció. 

"La Ley del Servicio Militar se titula así, no se titula ley del servicio militar voluntario y eso es algo que nosotros hemos repetido", agregó. 

Finalmente, desestimó los calificativos de "ley discriminatoria e inconstitucional" al indicar que "la Defensoría del Pueblo no es la palabra santa" y en todo caso debe ser el Tribunal Constitucional (TC) el que se debe pronunciar sobre el particular.

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