Noticias
en Línea. ¿Qué hacen el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Foncodes,
Cofopri y hasta el Fondo Mivivienda en pleno corazón comercial y financiero de San Isidro?
Si
bien todas estas entidades del Estado se crearon para impulsar el crecimiento
social del país y ayudar a la población más necesitada, nadie se explica cómo
la burocracia ocupa oficinas levantadas en terrenos que cuestan entre US$3 mil
y US$8 mil el metro cuadrado.
“Estamos
hablando de un precio que va a depender mucho de los acabados, los servicios…
En algunos casos es probable que el costo del terreno pueda elevarse hasta los
US$10 mil… Y es que el problema se debe a que no hay dónde construir en esa
zona”, dijo a El Comercio el arquitecto y ex presidente del Cuerpo
Técnico de Tasaciones del Perú, Diego La Rosa.
Esas
dependencias públicas, que se encuentran contiguas una a la otra, no son las
únicas. Muy cerca de allí (cuadra 33 del Paseo de la República) está el
edificio de Petro-Perú, que tiene como inquilinos al Ministerio de
Vivienda, Pro Inversión, Ceplan y algunas oficinas de la PCM.
“El
metro cuadrado de terreno en esa zona puede superar los US$5 mil”, precisó La
Rosa.
Según
él, Petro-Perú se levanta sobre un área de 20 mil metros cuadrados, pero solo
utiliza la mitad del terreno.
Sobre un banco de oro
En esa línea, anotó que “la burocracia nacional está literalmente sentada en un
banco de oro”, pues desde hace décadas subutiliza los predios y terrenos por
los cuales podría obtener una gran rentabilidad.
“La
venta de edificios públicos situados en zonas de alta cotización inmobiliaria podría
dar pie a proyectos que el sector privado puede desarrollar y el Estado
aprovechar en beneficio de la ciudad”, puntualizó La Rosa.
Puso
como ejemplo el edificio del Ministerio
de Justicia, situado en la cuadra 3 de la calle Scipión Llona, en Miraflores.
Este inmueble ocupa un área aproximada de 8.000 metros cuadrados y el valor del
metro cuadrado de terreno en esa zona no baja de los US$3.000.
“Si
el edificio del Ministerio de Justicia se vendiera, el Estado obtendría US$24
millones, suma suficiente para adquirir un inmueble más pequeño y de menor
valor en otra zona. No hay justificación para que una dependencia pública ocupe
una zona cara de la ciudad”, indicó el experto.
Necesaria ubicación
El legislador y miembro de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso
Juan Carlos Eguren también se mostró a favor de la venta de los edificios
públicos situados en las zonas inmobiliarias más caras de Lima. “No existe
razón para que estén allí”. comentó.
Pero
aclaró que no es por un tema de rentabilidad a favor del Estado, sino por una
cuestión de servicio, y lograr también un mayor acercamiento de las autoridades
con el ciudadano.
“Los
conos de Lima pueden ser el escenario donde puedan integrarse los ministerios o
dependencias públicas. El propósito es que articulen y mejoren sus servicios y,
de paso, consolidar esas zonas polos de desarrollo”, dijo.
Eguren
explicó que la construcción de estas nuevas áreas, donde se levantarían
ministerios o entidades públicas de manera integrada, se haría con la venta de
la infraestructura situada en las zonas caras de la ciudad.
¿Cuánto hay?
Aunque no se conoce algún estudio oficial sobre el valor de los bienes
inmuebles emplazados en las zonas urbanas más caras de la ciudad, para La Rosa
la venta de esos edificios puede significar para el Estado una rentabilidad de
varios cientos de millones de dólares.
Durante
el gobierno anterior, Pro Inversión fue el ente encargado de vender los
inmuebles públicos.
Así
ocurrió con el cuartel San Martín (Miraflores), que se vendió hace tres años.
El inmueble, cuyo terreno tiene un área de 68.400 metros cuadrados, se destinará
para construir un hotel cinco estrellas, un centro de convenciones, un centro
cultural y un centro empresarial. Queda la posibilidad además de que el nuevo
propietario edifique un centro comercial y viviendas de lujo.
NEL/El
Comercio
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