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Ante la gravedad de las evidencias, la fiscal especializada Rosana Villar, en
su reciente formalización de la denuncia sobre el denominado caso Ecoteva,
pidió al titular del 16 Juzgado Penal que disponga el embargo de los bienes del
ex presidente Alejandro Toledo, de su esposa Eliane Karp, así como de su
suegra, Eva Fernenbug, y de otros cinco denunciados por el delito de lavado de
activos, relacionados con las compras de inmuebles y pago de hipotecas por más de
US$5 millones.
“Este despacho fiscal solicita ordenar el
embargo preventivo sobre los bienes de los denunciados (…), con la finalidad de
asegurarse el respectivo pago de la reparación civil, que podría generarse ante
una eventual sentencia condenatoria sobre los imputados”, se lee en la denuncia
N° 3-2015-Fislaapd, difundida por el programa Al estilo Juliana.
Los otros acusados a los que se les impondría
esta medida son Josef Maiman, empresario y amigo de Toledo; Avraham Dan On, ex
asesor de seguridad del ex mandatario, y su hijo Shai Dan On; Sabih Saylan, del
entorno de Maiman; y David Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug.
Tras la
pista en Suiza
La magistrada de la Primera Fiscalía
Supraprovincial contra el Lavado de Activos también solicitó, en el documento
de 204 páginas, el levantamiento del secreto bancario en Suiza de la empresa
panameña Confiado International, debido a que desde su cuenta bancaria en ese
país se enviaron las millonarias sumas a cuentas de compañías en Costa Rica,
como Ecoteva, para la compra al contado de predios en Lima, durante el 2012.
Como se recuerda, en el mismo año se pagó
parte de las hipotecas de las dos viviendas (en Lima y en el balneario de Punta
Sal, en Tumbes) de Alejandro Toledo y Eliane Karp, con fondos de esa firma
costarricense.
El pedido de la fiscal precisa que requiere
información bancaria de Confiado International “del periodo comprendido entre
los años 2003 y 2013”, es decir el periodo que abarca el gobierno de Toledo.
“De hallarse cuentas a nombre de empresas,
deberá detallarse quiénes fueron sus aperturantes, los titulares de las mismas,
la identidad de todos los que hubieran hecho depósitos a estas cuentas, y quién
estaba autorizado o tenía el poder para disponer de los fondos”, se anota.
En tal sentido, la magistrada planteó
solicitar la asistencia judicial internacional de las autoridades suizas, pues
a través de la referida cuenta N° H189782AA –de la firma panameña–, en el LGT
Bank de Suiza, “habrían ingresado dinero de los presuntos actos de corrupción
señalados como delito fuente”.
Fuente:
Perú 21
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