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La procuradora Contra Lavado de Activos, Julia Príncipe, afirmó este domingo
que es la primera vez en sus 12 años de trabajo que un gobierno le demanda
explicaciones por sus declaraciones y denunció que la disposición que amenaza a
los abogados del Estado con sancionarlos si no piden permiso para hablar con la
prensa es una “censura previa a la libertad de expresión”.
Príncipe se mostró indignada por el oficio
que le remitió el Consejo de Defensa Jurídica, que preside el ministro de Justicia,
Gustavo Adriazen, y sostuvo que ese documento respondió directamente a sus
declaraciones en RPP y Panorama sobre la primera dama, Nadine Heredia.
“No entiendo si será venganza o no (sobre mi
opinión sobre Nadine Heredia). Lo concreto es que se me cursó ese oficio. (En
los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García) jamás me cursaron un documento
similar”, sentenció la procuradora.
No obstante, puntualizó que no le hicieron el
mismo reclamo cuando habló con la prensa sobre el ex presidente de la Federación
Peruana de Fútbol, Manuel Burga, o sobre el caso Ecoteva o los encarcelados
Martín Belaunde Lossio, César Álvarez y Rodolfo Orellana. Solo le exigieron
explicaciones – añadió – cuando se refirió a la esposa del mandatario Ollanta
Humala, por lo que entiende que no quieren que se pronuncie sobre ella.
En ese contexto, Príncipe aclaró que, por
mandato constitucional, los procuradores no son abogados del gobierno, sino del
Estado. “Este procedimiento en una censura previa a la libertad de expresión”,
afirmó en el programa Sin peros en la Lengua, de Milagros Leiva.
Según denunció el diario Perú21, el 23 de junio, el
Consejo de Defensa Jurídica envió un oficio a los defensores del Estado para
advertirles que podrían ser sancionados si dan declaraciones a los medios sin
previa autorización.
En el escrito del 10 de junio se les pide
explicar por qué hablaron con los periodistas, a pesar de tener conocimiento
del trámite. Incluso, se advierte que la “inobservancia de este trámite es una
inconducta funcional sancionable”.
Dos días después del informe de Perú21,
Gustavo Adrianzen defendió dicha medida y señaló que la defensa del Estado no
es “vedetismo” ni protagonismo profesional, sino un trabajo silencioso.
Este domingo, Julia Príncipe lamentó las
palabras del ministro y sostuvo que no entiende por qué la libertad de
expresión debe interpretarse como vedetismo o protagonismo personal. “Siempre
me he conducido con responsabilidad y formulé declaraciones cuando han sido
necesarias”, remarcó.
Además, manifestó que la libertad de
expresión de los funcionarios públicos es un deber para con la sociedad,
siempre que se haga respetando la reserva de la información.
Fuente:
Perú21
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