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en Línea. Hace doce días su padre, el exconsejero regional Ezequiel Nolasco,
fue asesinado. Hoy, Fiorella Nolasco denuncia que su padre era amenazado, que
pidió ayuda al Gobierno y nadie le hizo caso.
¿Cuál es la situación
en Áncash tras el asesinato de su padre?
La situación es muy crítica, la población no aguanta más y se ha levantado
porque no quiere más muertes. Mi padre se encadenó, pidió justicia, cargó una
cruz y fue arrastrado por los policías como si fuera el asesino; nunca nadie le
hizo caso.
¿Le habló de las
amenazas?
Mi papá, no yo, señaló a César Álvarez. “La bestia de cuatro cabezas me quiso
matar y ha matado a mi hijo”, me dijo, y todos sabemos a quién conocen como la
bestia allá.
¿La amenazan a usted?
¿Teme por su vida?
Mi papá buscó al coronel Edgar Aguilar, pero él no lo recibió. ¿Por qué no lo
apoyó sabiendo que su vida corría peligro? Días después de su muerte, me
llamaron para pedirme US$5,000 por mi vida y la de mi familia. Yo temo por mi
mamá y mis hermanas. Yo no tengo miedo.
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¿Qué responsabilidad
le atribuye al Gobierno?
Tiene responsabilidad, no la misma de quienes planificaron todo esto, pero he
visto el documento en el que mi padre le solicita al ministro del Interior
garantías para él y su familia y fue hace poco. ¿Por qué no lo atendieron?
¿Existe una red
formada por jueces, fiscales, periodistas que parte de la presidencia regional?
Sí, y no tengo miedo de decirlo, es la verdad.
¿Qué le pediría al
presidente que ofreció acabar con la corrupción en esa región?
Que cumpla su promesa. El pueblo lo eligió cuando dijo que todo se iba a acabar
y no ha hecho nada. Él es el presidente, que haga bien su trabajo y ponga
orden.
Audiencia pública
La hija del extinto exconsejero estuvo acompañada en el Congreso por el
presidente del Congreso, Fredy Otárola, y los legisladores Juan José Díaz Dios
y Modesto Julca, entre otros. Díaz Dios anunció que el 7 de abril, la Comisión
de Fiscalización realizará una audiencia pública en Huaraz —con participación
del fiscal de la Nación, José Peláez Bardales y del director general de la PNP,
Jorge Flores— para recoger in situ las denuncias de la población sobre las irregularidades
en esa jurisdicción.
Julca,
por su parte, pidió al jefe de Estado que convoque al Poder Judicial, Fiscalía
de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contraloría y otros estamentos del Estado
“para tomar medidas excepcionales y acabar con la impunidad y corrupción que se
ha asentado en Áncash”.
Su
colega María Magdalena López (Fuerza Popular), por su parte, cuestionó que la
Policía Nacional haya considerado dentro del llamado Plan Norte de Seguridad
Ciudadana solo a las regiones de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y
haya excluido a Áncash pese a los altos índices de criminalidad.
Esta
intervención obligó al titular del Legislativo a informar que la Policía
Nacional alista brigadas especiales que serán destacadas a la referida zona en
los próximos días.
Nuevo Tijuana
En declaraciones a Perú21, Vladimir Meza, alcalde provincial de Huaraz,
informó que ha solicitado al Ministerio del Interior y al Fiscal de la Nación
el envío de personal especializado para que investigue los crímenes políticos
registrados en la región, los mismos que –señaló– han puesto en evidencia las
operaciones de una organización criminal vía el sicariato.
“Estamos
alarmados por el nivel de inseguridad; nos ven como el nuevo Tijuana y eso
ha ahuyentado el turismo; el impacto es que todo el trabajo, la
organización que pusimos en marcha para promocionar la Semana Santa en nuestra
región, se ha ido al diablo”, comentó fastidiado.
El
presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash, Raúl Ortiz
Rodríguez, también expresó su preocupación por el clima de inseguridad en la
región.
“La
inseguridad que está pasando el departamento de Áncash es definitivamente
preocupante. La Cámara de Comercio hace un llamado a las autoridades para que
tomen cartas en el asunto, se interesen y hagan lo necesario respecto a la
seguridad; se tiene que fortalecer la institucionalidad”, agregó.
Ortiz,
sin embargo, evitó pronunciarse sobre las graves acusaciones que pesan sobre el
presidente regional.
NEL/Perú21
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