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en Línea. Mientras la Comisión de Fiscalización del Congreso acordaba citar a
la alcaldesa de Lima, Susana
Villarán, por los préstamos que ella y algunos regidores obtuvieron de la Caja
Metropolitana, una solicitud de vacancia entraba en trámite unas cuadras
más allá, en el local del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Fue
la abogada Flor de María Hurtado, directora ejecutiva del Instituto Derectum,
quien llegó hasta el máximo ente electoral para presentar la solicitud contra
la alcaldesa Villarán y su teniente alcalde Hernán Núñez. “Existe una
falta y además hay la debida jurisprudencia para que proceda esta vacancia”,dijo.
Este
pedido deberá ser remitido al concejo municipal, que en sesión
extraordinaria deberá poner al voto el caso, previa citación de los implicados
para ejercer su derecho de defensa. Se necesita la adhesión de dos tercios del
número legal de los miembros para que proceda dicha vacancia.
En
caso de ser rechazada, la abogada Hurtado adelantó que presentará una
apelación, a fin de que el caso sea resuelto por el propio JNE en un
plazo de 30 días. “Es difícil que el tema tenga éxito en el concejoporque
varios de los regidores también se han visto beneficiados de préstamos en la
Caja Metropolitana”, advirtió.
Mientras las denuncias siguen su curso, se detectó que existen
tres casos más de regidores que obtuvieron préstamos de la Caja de Lima.
El
primer caso es también de una concejal revocada de Fuerza Social: Olga
Morán Araujo. Según los registros de Infocorp, ella adquirió un crédito de
S/.25 mil en el 2011.
Sin
embargo, a partir de junio del 2013 –tres meses después de la revocatoria–, la
exregidora dejó de pagar sus cuotas mensuales. A enero del presente año,
su deuda ascendía a S/.14,110, y el último pago incumplido data del pasado
28 de febrero.
Pero
los créditos no solo fueron obtenidos en el grupo oficialista. Los registros de
Infocorp también arrojan créditos a favor de los regidores pepecistas
Walter Guillén Castillo y Jorge Villena Larrea.
De
Guillén se registra un crédito de S/.43,198 en diciembre del 2011. A inicios
del presente año, su deuda aún se mantiene en S/.16,309. Respecto a Villena, él
mismo hizo público su préstamo, aunque aseguró que lo obtuvo cuando no era
regidor ni candidato.
En
la víspera, el regidor pepecista, Pablo Secada, cuestionó los
créditos al asegurar que el problema no estaría en que la Caja le preste a
funcionarios municipales, sino en el “uso político” que las autoridades le
podrían dar a ese préstamo. “No es raro que se preste en condiciones
ventajosas, el problema es que se puede prestar al uso político de la
Caja. Por ejemplo, podrías prestarle a un regidor que se opone a un proyecto
para que cambie de opinión”, manifestó Secada.
A Susana Villarán no le quedó más que responder sobre su préstamo con la Caja
de Lima cuando fue abordada por la prensa durante una conferencia de prensa que
dio en compañía de representantes de los empresarios de Gamarra.
“Cuando
se presenta una necesidad, pido un préstamo porque soy buena pagadora. Como
funcionaria o cualquier otra persona tengo todo el derecho de solicitarlo.
Estoy pagando mensualmente con descuentos por planilla. Todo está en mi
declaración jurada, la tiene la Contraloría. A mí la plata no me llega sola”,
indicó la alcaldesa.
Tras
ello, intentó victimizarse asegurando que se encuentra “en un momento
histórico” con la recuperación de las tres hectáreas del Mercado Mayorista de
Santa Anita. “Yo me preocupo por Lima. Siete mil toneladas ingresaron ayer
a Santa Anita y ese es un mercado moderno. A mí no me van a tumbar ni me
van a vencer, así el deporte nacional sea tumbarse a la Villarán”, acotó.
Otro
personaje involucrado en los préstamos que salió a defenderse fue el teniente
alcalde, Hernán Núñez, aunque en la misma línea de Villarán: “Es un honor
obtener un préstamo como cualquier trabajador municipal, la plata no nos llega
sola ni tenemos manos manchadas por corrupción”, escribió en su cuenta Twitter.
Además,
exigió a los regidores de otras bancadas ser “transparentes” y revelar si
también adquirieron préstamos de la Caja Metropolitana.
El
exprocurador Genaro Matute, por su parte, dijo que esta es una situación que
debe corregirse, aunque estimó que es muy difícil que proceda el pedido de
vacancia contra las autoridades de la comuna.
“En
realidad, el proceso es legal, pero hay un tema ético que no era lo
conveniente, que tampoco era conveniente políticamente. Ahí el problema no
es que haya una ilegalidad, sino que hay una situación ética que debe
corregirse”, dijo.
Mientras
que el abogado José Manuel Villalobos coincidió con Mauricio Mulder en asegurar
que Villarán podría haber incurrido en delito de peculado al adquirir un
préstamo en esa entidad edil.
NEL/Perú21
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