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en Línea. La Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú (AGESP) advierte
sobre las implicancias que tendrá para 1,014 grifos de 12 regiones del país la
entrada en vigencia del Decreto Supremo 006-2014EM, cuya aplicación califican
de anticonstitucional y anti técnica.
"El referido Decreto Supremo pretende imponerle a cada Grifo cuotas de
compra de hidrocarburos lo cual configura una clara vulneración de los derechos
constitucionales a la libertad de empresa, la libertad de contratación, el
derecho al trabajo, así como el libre mercado regido por la oferta y la
demanda", dicen a través de un comunicado.
Las regiones comprendidas en la medida son: Apurímac, Ayacucho, Cusco,
Huancavelica, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y
Ucayali.
"Consideramos que la aplicación de dicho Decreto Supremo traerá graves
consecuencias económicas y sociales en las indicadas regiones, provocando
el desempleo de un creciente sector juvenil que labora en estos grifos,
desabastecimiento de combustible a nivel general", advierte la AGESP.
Precisan que con esta medida se afectará a entidades estatales como Provías,
centros hospitalarios, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y
distritales; así como a empresas de transporte público y privado, las que se
verán desabastecidas.
Señalan que también se generaría distorsiones de los precios, informalidad y
mercados paralelos.
"Además de posibles interposiciones de demandas por incumplimientos de
contratos de suministros contra los propietarios de las empresas que estarán
bajo el ámbito de aplicación del cuestionado Decreto Supremo", sostiene el
comunicado.
La AGESP, señala que con esta norma, "el Ejecutivo está distorsionando el
mercado y estableciendo un control indirecto de los precios al determinar la
cantidad de oferta de dichos productos vulnerando así directamente lo
contemplado en el Artículo 61° de la Constitución Política del Perú el cual
ampara la Libre Competencia".
Aunque precisan que su asociación apoya todo esfuerzo del Gobierno Central en
la lucha contra la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, y
toda actividad ilícita o informal, señalan, sin embargo, "que
la aplicación de la cuestionada norma legal no logrará los fines para los
cuales ha sido diseñada".
"Coincidimos plenamente con el señor Presidente de la República, cuando
hace apenas algunos días señaló: “El Estado no puede intervenir en la libertad
empresarial”. Sin embargo, lo dispuesto por el DS 006-2014-EM se contradice con
lo citado, pues atenta el libre mercado y pone en riesgo la subsistencia de las
Estaciones de Servicio y Grifos de las 12 regiones del país", puntualiza
el escrito.
La AGESP, afirma que ha apelado a la constitución de mesas de trabajo con los
representantes de las instituciones gubernamentales para tratar el
referido problema.Indican que ya se les ha expuesto con claridad las
consecuencias de la aplicación de la mencionada norma, "sin tener hasta el
momento ningún planteamiento alternativo de solución".
Finalmente advierten que "está en manos del Supremo Gobierno
evitar que las Asociaciones Regionales adopten medidas de fuerza que
perjudiquen a los usuarios y al desarrollo de las regiones comprendidas en la
aplicación de esta regulación".
NEL/RPP
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