La iniciativa del Proyecto de Ley N° 4757/2010-PE (enviada al
Congreso el 29 de marzo), que busca convertir al distrito de San Juan de
Lurigancho en una “Provincia Especial”, nos ha revelado hasta qué punto son
capaces de confabularse intereses creados en beneficio personal del Alcalde
Carlos Burgos y de sus clientelas políticas, todo ello con la venia y
bendiciones del Presidente Alan García.
La ambición de Carlos Burgos no tiene límites. En
una reunión pactada a fines del mes de marzo, en las instalaciones del Congreso
de la República, junto con Javier Alvarado (Presidente Regional de Lima),
Evelyng Feliciano (Alcaldesa de San Antonio), Rosa Vásquez (Alcaldesa de la
Provincia de Huarochirí) y César Zumaeta (Presidente del Congreso), llegaron al
“acuerdo” de excluir del Proyecto de Ley en mención, los territorios del Centro
Poblado Pampas de Canto Grande denominado San Antonio de Jicamarca - Anexo 22
A.
En aquella ocasión, las declaraciones de Carlos Burgos fueron lo más
inapropiadas, manifestó que “el tema limítrofe había sido superado
definitivamente”. Desde un punto de vista legal, esta propuesta es de lo más
descabellada y sólo puede ser concebida en la mentalidad de una persona
autoritaria que se arroga facultades como si fuera dueño de todo el distrito.
El Alcalde Carlos Burgos contraviene todas las
normas legales, para él no existe más ley que la hecha a su imagen y semejanza.
Basta mencionar que en octubre del 2007, la Municipalidad Metropolitana de
Lima, mediante ordenanza N° 1081, dispuso un plazo de 180 días a la
Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho para que “en coordinación con
las juntas vecinales y los propietarios de predios, elabore un estudio con el
propósito de resolver el problema de ordenamiento ambiental y urbano del sector
calificado como Zona de Reglamentación Especial denominado Villa San Antonio…y
formule un planeamiento integral del área”.
El plazo de los 180 días se venció
en abril del 2008 y nada de eso se ha cumplido hasta la fecha. Entonces, ¿qué
intereses mueven al Alcalde Burgos para declarar como superado en definitiva el
tema limítrofe con Huarochirí, cuando en los hechos se trata de un problema
inexistente? Sin duda, esto demuestra una vez más el abuso de poder del que
hace gala, al no tener el mayor reparo en incumplir la ley, y, actuar
inconsultamente de espaldas a la población del distrito y del Anexo 22 de
Jicamarca.
Igual de desatinadas fueron las opiniones de
Javier Alvarado, Presidente Regional de Lima, cuando señaló que “el anexo 22 de
Jicamarca es y será de Huarochirí”. Es preciso recordar que los reclamos de
Huarochirí por el Anexo 22 de Jicamarca no son recientes. La Provincia de
Huarochirí, transgrediendo su propia Ley de Creación N° 10161 del año 1945,
pretendió en setiembre del año 2003, adjudicarse dichos territorios
correspondientes a la Provincia de Lima, mediante Ordenanza N° 000011.
Transcurrido un año, el Tribunal Constitucional con Expediente N°
0025-2004-AI/TC (publicado el 17/09/04), sentenció a favor de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, declarando la INCONSTITUCIONALIDAD de dicho
procedimiento.
Pero hay más. Antecedentes históricos señalan que
los actuales límites territoriales de San Juan de Lurigancho, fueron
establecidos mediante Ley de Creación N° 16382 del año 1967 , comprendiendo en
su ámbito los territorios del Anexo 22 de Jicamarca. Posteriormente, la
sentencia del Primer Juzgado de Tierras de Lima (con fecha 31/01/1975) y la
Ejecutoria del Tribunal Agrario de Lima (con fecha 11/11/1975), sancionan como
revertidos al dominio del Estado parte de los territorios del predio “Canto
Grande”, que cuenta con una superficie total de más de 18 millones de m². Es
decir, el Estado al expropiar 15'698,939.55 m², que anteriormente eran de
propiedad de la familia oligarca Risso Patrón, formaliza lo que en parte
comprendía al distrito de San Juan de Lurigancho, tal como se encuentra
especificado en la Ley de Creación N° 16382. Los otros tres millones de m² del
predio “Canto Grande” siguen en propiedad de los Risso Patrón, aunque
actualmente sobre dichos territorios se encuentran en calidad de posesionarios,
pobladores de los Asentamientos Humanos de Huáscar, 9 de Octubre y Los Álamos.
En fin, el Alcalde Burgos parece estar haciendo
todo lo posible, para desentenderse de los reales problemas y necesidades que
en materia de vivienda, salud, mecanismos de participación ciudadana,
educación, etc., afectan a la población de San Juan de Lurigancho. Es capaz de
todo, en su desesperada carrera por ser Alcalde Provincial.
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