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en Línea. Una madrugada hace cinco meses, Roberto Salazar recibió una llamada a
su celular. Al otro lado del auricular se escuchaba una voz ronca, que le pedía
10 mil soles “para que su negocio (un gimnasio en San Juan de Lurigancho)
no se vea afectado”. Esa fue la primera vez que el empresario era blanco de
una extorsión.
Roberto
es uno de los rostros atemorizados de la sociedad. Uno de los tantos casos
de empresarios que han quedado entumecidos y aterrorizados por esa voz detrás
del teléfono. Por esa voz, que en un 90% de las veces, según estimaciones
de la Policía, se esconde detrás de unos barrotes y opera con total impunidad desde
un penal.
Según
datos entregados por la Dirincri en el 2012, el 95% de estos delitos se
perpetraba desde los centros de reclusión. Los delincuentes accedían
a información de los empresarios para amenazarlos con atentados a sus locales o
contra familiares. Hoy, según el coronel Segundo Portocarrero, jefe División de
Investigación de Estafas de la PNP, la situación no ha cambiado mucho.
“Un
gran porcentaje de estos delincuentes opera dentro de los penales. Es una
situación que se mantiene. Son personas que seleccionan a sus víctimas
desde el interior de los centro de reclusión y desde ahí hacen sus llamadas,
piden cupos o dinero”, indicó.
En el último año los casos de extorsión se han multiplicado en la
capital. Las noticias, provenientes del norte del país y que antes veíamos
lejanas, hoy se suceden muy cerca de nosotros.
Por
estos días no es extraño escuchar que empresarios, dueños de discotecas o
propietarios de negocios del cono norte denuncien amenazas de delincuentes.
“Los
delincuentes manejan información desde los centros de reclusión. Muchas veces
reciben datos de gente cercana a las víctimas, familiares, amigos o
trabajadores. Sin embargo, solos desde la cárcel no pueden operar, ellos
necesitan gente afuera que sean sus tentáculos”, refirió Portocarrero.
En
efecto, los delincuentes poseen una extensa base de datos con los números,
datos personales y rutina de sus víctimas. Ellos solo eligen a quién llamar y
del resto se encargan sus cómplices en libertad. Estos tienen la función de
meter miedo, de dejar paquetes en las casas, romper lunas o dejar explosivos.
El
coronel Portocarrero agregó que la Policía ha desbaratado varias bandas de
extorsionadores en los últimos meses. Sin embargo, el esfuerzo aún es
insuficiente. Así como la policía actúa, los delincuentes siguen operando desde
las cárceles, hasta donde siguen ingresando celulares y chips, casi todos los
días de visita.
El jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), José Luis Pérez
Guadalupe, señaló que pese a los procesos de revisión para las visitas en los
penales, es muy complicado evitar que sigan ingresando celulares y chips a
los penales.
Pérez
Guadalupe indicó que, solo en el Penal de Lurigancho, un día sábado ingresan
entre 6 mil y 8 mil visitas. “Es imposible revisar exhaustivamente a las
personas”, dijo.
“La
comunicación mayor se da a partir de los celulares. No sabemos qué porcentaje
de las extorsiones se da desde los penales. Nosotros no nos centramos en
extorsiones, sino en el uso prohibido de los celulares. No podemos hacernos
cargo del fruto de la comunicación, nos hacemos responsables de la
comunicación”, agregó.
Además
de las revisiones, el INPE realiza requisas en los pabellones. Gracias a ello,
en el 2013 se incautaron aproximadamente 8 mil celulares. Pérez Guadalupe reconoció
que los delincuentes cuentan con la complicidad de algunos malos agentes del
INPE: “Por ello se realizan cambios sorpresivos de guardia entre los
trabajadores”.
Todas
esas medidas que buscan mitigar el ingreso de celulares al penal mientras se
espera la colocación de bloqueadores de celulares en 35 penales del país.
Los primeros serían instalados en julio de este año, una iniciativa que no le
costará nada al Estado.
“En
un plazo máximo de dos años tendremos bloqueadores en 35 penales, que reforman
el 95% de la población penitenciaria. Con ello, no vamos a eliminar, pero
sí reducir la vinculación negativa de los presos con su entorno”, sentenció
el funcionario.
NEL/El
Comercio
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