Noticias
en Línea. La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)
informó que dos empresas extranjeras se presentaron para participar en el
concurso público que seleccionará a la compañía que otorgará el servicio de
bloqueo de celulares en las prisiones.
Estas
empresas respondieron a la convocatoria que hizo ProInversión el 18 de octubre
del año pasado para la iniciativa privada del proyecto “Prestación de Servicios
de Seguridad Tecnológica en las Prisiones” (bloqueo de celulares).
De
acuerdo a la norma, los documentos presentados por las dos empresas interesadas
serán evaluados próximamente por el Comité Pro Desarrollo de ProInversión, que
calificará si están aptas.
De
ser así, ProInversión convocará un concurso donde las dos empresas competirán
con la compañía que presentó la iniciativa privada, lo que conllevará a una
competencia en términos de la mejor propuesta económica en beneficio del
Estado.
La
buena pro de este proyecto se otorgaría aproximadamente en junio de este año.
El
proyecto tiene como objeto incrementar la seguridad ciudadana, mediante la
implementación de un sistema que bloqueará las comunicaciones de telefonía
móvil e internet realizadas de manera indebida por los internos en 33 de los
principales establecimientos penitenciarios del país.
Estos
centros penitenciarios en conjunto agrupan aproximadamente a 61,000 internos,
más del 90 por ciento de la población penitenciaria a nivel nacional.
De
esta manera, el bloqueo conntribuirá a disminuir la incidencia delictiva desde
el interior de los penales, dijo.
El
proyecto también contempla la prestación del servicio de telefonía pública en
dichos establecimientos penitenciarios, garantizando la seguridad de las
comunicaciones que realicen los internos.
Así,
por ejemplo, quien reciba una llamada desde el interior de un penal, será
alertado gracias a un mensaje de voz previo, con lo cual tendrá la posibilidad
de elegir entre aceptar o no dicha llamada.
El
contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de 25 años. En este
plazo el adjudicatario deberá implementar los cambios tecnológicos necesarios
para bloquear los nuevos servicios móviles que entren al mercado, procurando de
no interferir con las comunicaciones fuera de los establecimientos
penitenciarios.
Este
proyecto que impulsa ProInversión, por encargo del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos (Minjus), requerirá una inversión aproximada de 4.1 millones
de dólares (sin IGV), a ser ejecutada en un periodo de dos años.
NEL/Andina
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