Noticias en Línea. Mediante
un comunicado, la comisión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP) informó que investiga la situación de los 36 niños, niñas y
adolescentes de una secta religiosa en estado de riesgo, e indicó que habría
indicios de actos de violencia sexual, por lo que solicitó a las autoridades
del Ministerio Público, mayor celeridad en este caso.
“Los niños y niñas no estudian, no se ha determinado su situación médica, qué
problemas presentan, y hay indicios, denuncias de trata y abuso sexual;
entonces, necesitamos que esta situación se esclarezca cuanto antes”, declaró
la Directora General de Niños, Niñas y Adolescentes, María del Carmen Santiago,
desde la zona conocida como “Alerta”.
Pobladores de la Asociación Evangélica Misión del Nuevo Pacto Universal vienen
obstaculizando las acciones de las autoridades, oponiéndose a que los niños
puedan ser evaluados, por lo tanto el MIMP “ha solicitado al Fiscal que eleve
este caso al Juzgado de Familia a fin de que determine las medidas diligencias
para proteger a los niños, niñas y adolescentes que están en dicho espacio”.
En relación a la disposición del Fiscal Provincial Mixto del distrito de
Iberia, Julio Peña Cairampoma, quien dispuso el retorno de los menores a
esta comunidad religiosa, la funcionaria fue enfática al señalar que: “El
fiscal dispuso la entrega a los padres que venían a su despacho sin ninguna
evaluación. Ninguna autoridad que se aboque al conocimiento de acciones de
protección puede dictar una medida sin una evaluación integral de la situación;
y esto es lo que el MIMP demanda a la Fiscalía”.
Los padres, tratando de justificar las denuncias, señalan que salían a
trabajar. Sin embargo, deberá comprobarse su lugar de labores y por qué los
menores se quedaban hasta altas horas de la madrugada, sin sus apoderados.
Indicó además que existe la denuncia de un padre ante la fiscalía de la zona,
quien señala que la secta no le permitía ver a dos de sus hijos, y eran
sometidos a trabajos no acordes con su edad.
El Ministerio de la Mujer señaló que exigirá que el caso sea investigado no
solo por la presunción de trata, sino también las condiciones en que se
encuentran los niños en este campamento.
Además, la entidad indicó que remitió un oficio al Fiscal de la Nación, Carlos
Ramos Heredia, solicitando prioridad inmediata a esta situación.
Sobre el caso, la ministra de la Mujer, Carmen Omonte, dijo: “Este
caso nos indigna a todos, que hayan sido devueltos a esta comunidad por orden
de un Fiscal, a pesar que eran niños a quienes no se les estaban respetando
derechos básicos como derecho a la educación, a no trabajar, no ser explotados,
a tener una vida plena de desarrollo integral”.
NEL/RPP
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