Noticias en Línea. La denuncia que desde hace una década viene haciendo Washington
Bolívar Díaz sobre la tala ilegal de caoba, el carrusel de guías de remisión, y
la corrupción de autoridades fiscales, policiales y forestales en la región
Ucayali ha terminado por soliviantar a los madereros, quienes lo han amenazado
de muerte.
El
líder kakataibo teme ser asesinado como han hecho con el asháninka Edwin Chota
Valera hace quince días.
El indígena que vive en la comunidad Mariscal Cáceres, en el distrito Aguaytía,
provincia Padre Abad, dijo al defensor del Pueblo, Eduardo Vega, en Lima,
que los madereros no solo están deforestando el bosque sino que han constituido
una mafia que ha llegado a comprar la voluntad de autoridades.
"Las
denuncias que hacemos por corrupción son archivadas, no podemos confiar en
ninguna autoridad porque los madereros tienen su red de informantes. Vengo a su
despacho para que nos ayude. Me han amenazado de muerte, me van a matar",
clamó Washington Bolívar, tras señalar a Antonio Merino Shaus como la
persona que hace lo que quiere con los permisos forestales en la zona. Además
de tener gran poder económico en Aguaytía.
La
tala ilegal, refirió, también se da dentro del Parque Nacional Cordillera Sur.
Ahí la presencia de guardaparques no es una garantía porque la caoba, el cedro
y tornillo son dejados pasar por 500 soles. Estas maderas van hacia Brasil sin
que la Dirección Forestal de la región lo impida.
Junto
a Washington Bolívar estaba su hermano Abraham Bolívar, quien reclamó que a
este álgido problema no se le dé la debida importancia.
"¿Dónde
están los funcionarios encargados de que esto no suceda? ¿Dónde está la fiscalía
anticorrupción? Mueren indígenas y no pasa nada", protestó.
Dolido
por la indiferencia de las autoridades de Lima, Abraham Bolívar manifestó que
si no se corrige el caos que impera en la región Ucayali, los nativos van a
proceder a organizar un 'ejército de comandos licenciados y reservistas'
(personas que sirvieron al Ejército) para defenderse de la iniquidad
imperante.
Ambos
consideraron que la solución para evitar la invasión a sus tierras es la
titulación de las comunidades, derecho que buscan desde hace 25 años. También
consideraron oportuna la formación de una mesa multisectorial y la reunión del
Consejo de Ministros en Ucayali.
En
cuanto a la titulación de las comunidades indígenas, el antropólogo Richard
Smith, del Instituto Bien Común, presente en la cita con la Defensoría del
Pueblo, recordó que la inseguridad territorial fue el tema de fondo del
'Baguazo', y ahora último del caso Chota Valera. Por eso alertó sobre los
alcances de la Ley 30230, en su capítulo III, referido al saneamiento físico
legal de predios para inversión pública o privada. Norma que fue emitida en
pleno Mundial de fútbol de Brasil.
"Es
un golpe a la seguridad territorial en zonas rurales, afirmó. Y anotó la
inconstitucionalidad de esta ley porque vulnera los derechos indígenas y
también los temas administrativos.
Fuente:
La República
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