Noticias en Línea. A través de una conferencia de prensa en el Hotel Sheraton las víctimas de la organización delictiva que dirigía el empresario Rodolfo Orellana Rengifo, le reclamaron al Estado y al Poder Judicial les devuelvan los
terrenos e inmuebles que les fueron arrebatados.
Propusieron al Ejecutivo y el Congreso un proyecto de Ley que impida que los
bienes en litigio con la organización de Orellana sean transferidos a terceros. Si
bien Rodolfo Orellana y su hermana Ludith están detenidos, sus operadores y
testaferros continúan en libertad y podrían transferir los terrenos e inmuebles
a terceras personas.
En la conferencia estuvieron presentes Giovanni Paredes, quien espera recuperar
la plaza de Toros "Arenas de Lima"; Jorge Pazos Holder, a quien
arrebataron un terreno en Lurín; y el argentino Néstor Rodolfo Sack, dueño de
un terreno 10 mil metros cuadrados en Chaclacayo; así como la familia Llanos,
propietaria del edificio donde funcionó la revista "Juez Justo",
búnker de Orellana.
Además,
asistieron los socios de la Cooperativa de Trabajadores de la Marina de Guerra
del Perú y los ex empleados de la desaparecida Compañía de Teléfonos del Perú
(CERVATEL), entre otros.
A
la reunión también llegaron afectados por otras estafas inmobiliarias inmersos
en interminables procesos judiciales para recuperar sus inmuebles, que esperan
unirse a la campaña de la familia Orellana.
Con
el lema "Justicia después de la injusticia", recordaron que hasta
ahora solamente se han recuperado dos inmuebles que Orellana le había
arrebatado a la Fundación por los niños del Perú.
La
mayoría de terrenos e inmuebles continúan en manos de los testaferros o de
terceros, que no los quieren devolver, a la espera, posiblemente, de que la
mafia se reorganice. Los jueces se muestran insensibles a su drama, apegados a
procedimientos que legalizan actos ilícitos, pese a reconocer su ilicitud,
señalaron.
De
allí la necesidad, explicaron, de que se expida una norma que aclare el tema de
la buena fe registral en la venta de un inmueble evidentemente adquirido de
manera ilícita.
También
el asunto de la ejecución de los laudos arbitrales amañados o irregulares
expedidos por árbitros parcializados con una de las partes, pese a lo cual los
jueces los avalan y orden su ejecución.
CÁLIDDA PAGÓ US$150
MIL
La empresa proveedora de gas natural Cálidda le pagó, al parecer sin tener
conocimiento, US$ 150 mil al clan Orellana, a través de su testaferro Hernán
Villacrez Torres, por pasar sus ductos por el subsuelo de un terreno de 223
hectáreas en Lurín, que esta mafia arrebató al empresario Jorge Pazos Holder.
El terreno ha sido inscrito en Registros Públicos a nombre de Manuel Villacrez
Arévalo, chofer de Rodolfo Orellana, y medio hermano del encargado de suscribir
el contrato y cobrar el dinero a Cálidda, informó la página Utero.pe.
NEL/La
República
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