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El nivel de inseguridad en la capital ha llegado a tal extremo que ahora muchos
comerciantes de zonas emergentes prefieren pagar a los extorsionadores
para que les den seguridad antes que acudir a la Policía.
“Obviamente, los negociantes, al ver que la
criminalidad tiene más poder, prefieren optar por estos antes que contratar a
un policía”, manifestó el congresista y exministro del Interior Octavio
Salazar.
Se trata de un fenómeno que, según Salazar,
ha crecido considerablemente en el último año y que se fortalece con la
impunidad que muchas veces rodea a los malhechores.
“La ley y el orden vienen siendo rebasados
por las garantías que se les ofrece a los delincuentes. Estos pueden quedar en
libertad por confesión sincera o por el principio de oportunidad, entre otros”,
refirió.
Ahora, toda esta situación genera un problema aún mayor: que los hampones que ofrecen seguridad aprovechan este ‘trabajo’ para marcar a sus potenciales víctimas.
“Ven quién es el empresario con más dinero,
quién es el dueño de tal tienda o edificio, quién realiza la mayor cantidad de
compras. Se les paga por una supuesta vigilancia, pero estos aprovechan para
‘marcar’ a nuevas víctimas, que les pueden generar mayores ganancias”, recalcó
el parlamentario.
Así como se ha generado un círculo vicioso en
construcción civil –con zonas en las que los extorsionadores se han apoderado
de cuanta obra existe–, también se ha formado una dependencia entre negociantes
y criminales.
¿Qué hacer? Salazar propone un trabajo de
inteligencia. “Que tomen fotos y que identifiquen a los cabecillas de estas
bandas”, refirió.
“En Gamarra, por ejemplo, se sabe que muchos
de los que tienen chalecos negros y llevan un fierro largo con punta filuda se
dedican a exigir cupos”, manifestó. Estos ya podrían ser detenidos.
De otro lado, el presidente del Poder
Judicial, Enrique Mendoza Ramírez, exhortó ayer a los fiscales a que sean más
rigurosos y estrictos en las investigaciones contra las mafias de
extorsionadores, sobre todo las que actúan en construcción civil.
Pidió a los representantes del Ministerio
Público que reúnan las pruebas suficientes que aseguren una sanción efectiva
para los que resulten responsables de estos delitos y, de esta forma, evitar la
sensación de impunidad.
“Los jueces aplicarán la sanción penal que
corresponda en la medida que los fiscales sustenten con suficiente material
probatorio sus denuncias”, destacó Mendoza, quien acotó que ha instado a los
magistrados a que emitan fallos que generen seguridad a la población.
Solo dos comerciantes de Gamarra han denunciado
casos de extorsión en la División de Investigación de Secuestros. Los hampones
suelen exigir de S/.10 mil a S/.20 mil a los empresarios de dicho emporio
comercial para ‘dejarlos’ trabajar.
NEL
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