Noticias en Línea. La presunta organización ilícita que encabeza el abogado y
empresario inmobiliarioRodolfo Orellana se ha infiltrado en la
Policía, Fiscalía, Poder Judicial, Registros Públicos, Notarias, Gobiernos
Regionales, afirma la procuradora pública para lavado de activos, Julia
Príncipe Trujillo.
Ella
ha venido librando una dura batalla legal contra Orellana Rengifo y sus
asociados desde el 2009. Lo que ha descubierto lo ha puesto en conocimiento de
la fiscalía, hasta ahora con poca fortuna, pues las investigaciones recién
empiezan a moverse.
Fiscalía
inactiva
En
agosto del 2011, el entonces fiscal de la Nación, José Peláez designó al fiscal
provincial Luis Arellano como fiscal ad hoc para investigar las denuncias de lavado
de activos, fraude y estafa contra dicho empresario, pero al cabo de un
año y medio el caso fue archivado.
En
el 2012 volvió a ser reabierto en manos de otro fiscal más acucioso, pero
entonces, la organización recurrió a sus contactos en el Poder
Judicial: un juez de la localidad de Atalaya, en Ucayali, ordenó excluir a
Rodolfo Orellana de dicho proceso.
Tras
la reacción pública, la última semana, la fiscalía especializada en lavado de
activos, que despacha el fiscal superior Marco Guzmán, ha vuelto a reactivar el
caso, al revocarse el fallo del juzgado de Atalaya.
La investigación
involucra hoy a 53 personas y más de un par de docenas de empresas de
fachada, entre estudios de abogados, inmobiliarias y hasta una cooperativa que
tiene un convenio con el Congreso para
ofrecer créditos a sus trabajadores.
Brazos
muy largos
"Se
ha determinado que hay vinculaciones, hay brazos del señor Orellana en todas
las instituciones del Estado: Poder Judicial, Ministerio
Público, Policía
Nacional, Registros Públicos, gobiernos regionales y más", afirma la
doctora Príncipe.
Esa
infiltración, explica la procuradora, le permite actuar impunemente y
que luego fracasen o se congelen las investigaciones que promueve la
procuraduría o sus víctimas.
Entre
las víctimas de Orellana, además de personas particulares, se encuentran la
Superintendencia de Banca y Seguros y la Oficina de Supervisión de
Contrataciones del Estado (OSCE) prohibidas por fallos judiciales de controlar
a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Empresas Exportadoras (Coopex).
Esta
empresa, sin tener un sustento económico, otorga millonarias cartas
fianzas a empresas que contratan con el Estado. Luego las empresas
incumplen los contratos y el Estado no tiene a quién cobrarle las cartas
fianzas de Coopex.
El
asesor del fiscal
Uno
de los socios fundadores y director de Coopex, Daniel Ramsay Romero, fue entre
el 2011 hasta hace un par de meses, uno de los principales asesores del fiscal
supremo José Peláez Bardales.
Ramsay dice haberse apartado de Orellana el 2010, pero es claro que en la
gestión Peláez, su exsocio y exjefe no pudo ser investigado.
Un
reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, estableció el 2012 que la
organización de Orellana habría blanqueado fondos por 14,43 millones de
dólares, supuestamentente provenientes del narcotráfico.
Los
últimos reportes reservados de la UIF triplican ese monto por supuestas
actividades ilícitas provenientes del tráfico y apropiación de terrenos, la
estafa, el fraude, la minería ilegal, trata de personas y narcotráfico. La UIF
ha rastreado las cuentas de Orellana y sus asociados en bancos nacionales y en
entidades bancarias de Panamá y China.
Ataques
Para
su defensa, además de sus abogados, la organización Orellana cuenta con la
revista "Juez Justo" y la ONG "Unidos Contra el
Narcotrafico y el Lavado de Activos" (UCONA), que fundó junto al
congresista Heriberto Benítez.
A
través de estos organismos, Orellana promueve denuncias contra los que lo
investigan, incluyendo la procuradora Julia Príncipe y el director de la UIF,
Sergio Espinoza.
NEL/La
República
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