Noticias en Línea. No
es la primera vez que se conoce de manejos irregulares en la administración
nacionalista del Congreso de la República en sus casi 4 años de
gestión.
En
esta oportunidad, se accedió a documentos que confirman la
existencia de dos cajas chicas para la administración del Congreso de la
República cuando el marco legal establece que cada entidad pública –como
titular de pliego presupuestal– solo debe manejar uno de estos fondos para
contingencias.
Asimismo, se accedió
a oficios referidos a la adquisición de uniformes a una empresa que, en el
momento de la operación, arrastraba como antecedente una sanción impuesta por
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por
falsificación de documentos.
El
14 de enero de 2015, el actual director general de Administración del Congreso,
Fermín Velásquez Bazán, emitió la resolución 003-2015DGA-CR que establece
el funcionamiento de 2 cajas chicas, una manejada por el Departamento de
Finanzas, por S/.60 mil, y la segunda, a cargo de Logística, por S/.20 mil.
El
uso mensual de estos S/.80 mil, según la resolución, “será autorizado
indistintamente por el jefe del Departamento de Logística, el director general
administrativo o el oficial mayor”.
Al
respecto, debe señalarse que el marco legal que regula el funcionamiento de las
cajas chicas –Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15– establece que “las
unidades ejecutoras (como el Congreso de la República) y las municipalidades pueden
constituir solo una caja chica por fuente de financiamiento”.
Otro
detalle detectado es que los S/.60 mil de la caja chica para el área de
Finanzas es el hecho de que puede ser utilizada para viáticos, cuando la
resolución N° 001-2011-EF fija que el pago de viáticos es excepcional para el
caso de “dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distantes de la sede de
la Unidad Ejecutora”.
Un
elemento que no justificaría la existencia de 2 cajas chicas es el hecho de que
la distancia entre las oficinas de Finanzas y las de Logística del Parlamento
es de solo 3 cuadras, además de que ambas áreas se encuentran
interconectadas por anexos telefónicos y por el servicio del correo
electrónico.
Un
tercer aspecto irregular en el manejo de estos dos fondos de dinero es que
pueden hacer pagos en efectivo hasta por un máximo del 90% de una UIT cuando
la disposición del Ministerio de Economía establece pagos en efectivo solo
hasta el 10% de una UIT.
Empresa sancionada
Por otro lado, el Congreso pagó el 3 de setiembre de 2014 un total de
S/.669,722.30 a la empresa Industrial Gorak S.A por la adquisición de uniformes
de invierno para el personal del servicio parlamentario bajo la modalidad de
contratación directa.
En
el momento de la firma del contrato, la citada empresa mantenía una
inhabilitación de 12 meses determinada por el Tribunal de Contrataciones del OSCE por
presentar documentos falsos o información inexacta a las entidades.
Si
bien Gorak S.A. ha seguido operando gracias a una medida cautelar dictada por
una jueza constitucional, correspondía al Congreso de la República
verificar los antecedentes de las empresas a quien les comprará de manera
directa.
Así
lo manifestó la ex vocal del Tribunal de Contrataciones de OSCE, Mónica
Yaya, quien consideró que el Parlamento debería ser muy cuidadoso en la
fiscalización de sus proveedores.
“La
medida cautelar no protege la nueva adquisición. Hay que mirar los antecedentes
de las empresas. Nada garantiza que una firma denunciada por falsificar
documentos no lo vuelva a hacer”, anotó.
Ante las irregularidades advertidas, se buscó el descargo del
Congreso. El director general administrativo del Congreso de la República,
Fermín Velásquez Bazán, y su equipo de funcionarios precisó que las situaciones
señaladas en esta nota no corresponden a la actual Mesa Directiva, sino
que se han producido en los últimos años.
Cuando
se le preguntó por el funcionamiento de las dos cajas chicas, Velásquez explicó
que eso obedece a criterios de operatividad. Agregó que hay gastos urgentes que
se deben cubrir de inmediato. Sin embargo, no hubo respuesta concreta sobre
el hecho de que su resolución va más allá del marco legal que regula las cajas
chicas.
No
obstante, sostuvo que esta modalidad se ha aplicado en el Congreso de la
República “en los últimos 3 años” y no es una novedad impuesta por la actual
Mesa Directiva que preside Ana Solórzano.
Manifestó
que hasta el momento no se ha autorizado dinero de este fondo de emergencia
para el pago de viáticos y que todos los montos utilizados se encuentran
sujetos a fiscalización.
Sobre
la compra de uniformes a una empresa sancionada por OSCE, Velásquez
respondió que esa operación se realizó durante la anterior Mesa Directiva,
cuando él aún no estaba en el cargo.
Sin
embargo, dijo que la medida cautelar dictada a favor de la empresa Gorak S.A.
la habilitó y la actual mesa tenía que cumplir con pagar productos que ya
habían sido entregados.
NEL/Perú21
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