Les atribuyeron la muerte de un vigilante
en una calle del Rímac. Don Julio Cortez Méndez (75) y su esposa Ruth Bravo
Pérez (73) alegaron inocencia, pero ninguna autoridad quiso creerles. La
policía los detuvo y una jueza ordenó encarcelarlos sin pruebas contundentes.
Para colmo, vándalos saquearon y quemaron la pequeña vivienda que compartieron
felices durante 40 años.
Dieciséis meses después de aquella pesadilla que empezó
el 29 de abril del 2011, los ancianos presentaron una demanda contra el Estado
y exigieron el pago de un millón de soles por daños y perjuicios, tras ser
absueltos de todos los cargos por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema.
Y es que expertos forenses comprobaron que Rufino
Flores Huamán (57), el vigilante cuya muerte fue atribuida a la pareja, en
realidad falleció de un infarto cardiaco provocado por consumo excesivo de
alcohol y drogas.
"Abusaron de un par de personas indefensas. A mí
me enviaron al penal de Lurigancho y a Ruth a la cárcel de Chorrillos. No
queremos que nadie más sea tratado de ese modo sin motivo", señaló don
Julio. Su esposa fue más enfática aún. "Iremos hasta las últimas consecuencias
para que nunca más haya inocentes en las prisiones", sostuvo molesta.
Su abogada, Carolina Miranda, explicó que la
demanda fue interpuesta en el fuero civil, amparados en la Constitución que
garantiza este derecho a quienes son declarados inocentes por el Poder
Judicial.
El penalista Mario Amoretti, consultado al respecto,
corroboró la versión de Miranda, pero lamentó que el derecho constitucional de
los esposos colisione con una ley dada en el gobierno de Alejandro Toledo, la
cual declara inembargables los bienes del Estado. "Si son intocables, no
se puede disponer de ellos para indemnizar a terceros", indicó.
Fuente: Noticias en Línea - La República.
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