El 6
abril de 2001, el entonces presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar,
vicealmirante José Noriega Lores, le advirtió al ministro de Justicia, Diego
García Sayán, que el Decreto Supremo 003-2001-JUS alcanzaba también a Abimael
Guzmán y a los otros cabecillas terroristas que cumplían condena en la Base Naval del Callao.
Perú21 accedió al oficio N°070 P-CSJ,
que el vicealmirante Noriega le enviara a García Sayán, en referencia al
mencionado decreto, publicado el 18 de enero de 2001.
En ese documento se indica que
el Decreto 003 estableció normas sobre el derecho de defensa y régimen
carcelario de los internos en los establecimientos penitenciarios, “disponiendo
un régimen
único para todos los presos con plena flexibilidad y libertad tanto en su rutina interna como para
sus visitas por parte de familiares y amigos”.
“Dicha norma no hace distinción
alguna respecto a los civiles que tienen la calidad de cabecillas terroristas
que cumplen condena en el Centro de Reclusión Militar de la Base Naval del Callao,
siendo el caso que deroga
expresamente el dispositivo anterior que,
de algún modo, hacía excepción con dichos sentenciados”, señala Noriega en su
oficio.
Agrega que el dispositivo
anterior, derogado por el Decreto 003, es el Decreto Supremo 005-97-JUS,
que reguló el régimen de vida, visitas y otros aspectos de los condenados por
traición a la patria (fuero privativo militar) y por terrorismo (fuero común),
excluyendo expresamente de los alcances del mismo a los presos en las bases
militares. Es decir, el gobierno de transición eliminó la excepción y permitió que se incorporara todo
en un solo régimen.
Antes de este documento,
Noriega le remitió a García Sayán el oficio N° 035-P-CSJM –el 1 de febrero de 2001–, en el cual
le advirtió que la “situación coyuntural ha dado lugar a una alteración en el
comportamiento habitual de los internos, quienes interpretan erróneamente ‘signos de debilidad’ por parte del sistema de control y
custodia”.
Perú21 se comunicó con García Sayán,
quien dijo que no recordaba el oficio del 6 de abril, pero sí el del 1 de
febrero, en el cual –dijo– Noriega pedía el traslado de los cabecillas que
estaban en la Base Naval.
Luego, el exministro no quiso
seguir declarando.
INVESTIGACIÓN
El legislador Carlos Bruce afirmó
que estos oficios justifican la necesidad de una investigación que permita aclarar todas las normas
que favorecieron a los terroristas.
“Nadie pide condenar a
exministros, solo que se
aclare el porqué se bajó la guardia y
evitar que esos errores vuelvan a cometerse”, acotó.
Fuente: Noticias en Línea – Perú 21
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