El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad la ley que establece medidas extraordinarias contra el
personal docente y administrativo condenado
o implicado en
delitos de apología al terrorismo.
La norma también
sanciona a los trabajadores del sector educación que cometan delitos contra la libertad sexual
y el tráfico de drogas dentro
de los distintos centros educativos, universidad e institutos superiores.
El personal que
haya cometido esas faltas será separado definitivamente e inhabilitado para el
servicio en las instituciones educativas públicas o privadas. Se incluye a las
escuelas de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas.
La norma también
dispone crear un
registro de personas condenadas o procesadas por los delitos descritos.
El Ministerio de Educación supervisará anualmente que se cumpla
esta disposición en los centros educativos públicos y privados. Por su parte,
la Asamblea Nacional de Rectores y el Consejo Nacional fiscalizarán las
universidades.
El sustento es la
necesidad de que el Estado se
defienda ante la reagrupación de movimientos terroristas que
actúan bajo fachadas como el Movadef. Así
lo expresaron Daniel Mora y Marisol Pérez Tello, titulares de las comisiones de
Educación y de Justicia, respectivamente.
El dictamen se
aprobó con 89 votos a favor y se
exoneró de la segunda votación por 88 votos.
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