Tener una visión en conjunto permite ir
más allá de los límites de una nación y hacer un llamado de alerta a escala
mayor: en el 2050 la mitad de toda la Amazonía comprendida en nueve países puede
desaparecer. Se trata de la mitad de los 7,8
millones de km2 compartidos entre Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
Guyana, Suriname, Venezuela y Guyane Française, que se encuentran habitados por
33 millones de personas, incluyendo 385 pueblos indígenas.
Eso es lo que en este momento está advirtiendo la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) en Santa Cruz, Bolivia,
con la presentación del atlas Amazonía bajo presión. La publicación recoge
valiosa información sobre las presiones acumuladas registradas hasta mayo del 2011 (minería, petróleo y gas,
hidroeléctricas, carreteras, los focos de calor y la deforestación) y las
amenazas que se evidencian con miras al futuro (concesiones aún no ejecutadas,
terrenos disponibles, etc.).
Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del
Bien Común, entidad que forma parte de las Raisg y que trabajó en esta
publicación durante dos años en nuestro país, señala al 2050 como el año donde
la imagen de la Amazonía
podría verse casi fantasmal. Pero advierte que esto puede ocurrir antes: “Hay una tendencia
por acaparar y asegurar la tierra en concesiones”.
Sobre todo si se piensa que en esta
publicación no han sido incluidos temas como la explotación maderera y la
agropecuaria (el requisito del estudio era que los nueve países contaran con
información del tema y no todos la tenían) y, sobre todo, si se ve que, como es
lógico, las actividades ilegales no se pueden rastrear con datos e información
certera: caso de la minería y los cultivos ilegales.
Empecemos informando el panorama actual: entre el 2000 y el 2010 se suprimieron
240.000 km2 de selva amazónica. Esto significa que hemos perdido una extensión
equivalente al doble de la
Amazonía ecuatoriana o al territorio completo del Reino Unido. Los países
con mayor deforestación fueron Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.
En el tema de los hidrocarburos, actualmente existen
81 lotes petroleros bajo explotación, pero
hay 246 lotes más sobre los cuales existen intereses petroleros. Ese total,
327, ocupan una extensión de 1.08 millones de km2, o 15% de la Amazonía , que tiene 7,7 millones
de km2.
El Perú ocupa el primer lugar en
la lista de países amazónicos con mayor superficie destinada a actividades
petroleras: 84%, incluyendo las áreas con posibles reservas de hidrocarburos.
Colombia destina el 40%; Ecuador, 21%. En el Perú el 66,3 % de los Territorios
Indígenas y el 49% de las Áreas Naturales Protegidas están superpuestos por
lotes petroleros.
Nosotros, 84%. Es decir: 658.000 km2 de los 782.820 Km2
que posee nuestra selva están demarcados como superficie destinada al petróleo
y gas. Si uno se fija en el segundo mapa, verá al Perú teñido de color gris.
Esas serían las presiones de explotarse todo ese terreno. Por ahora, afirma el
coordinador del atlas en el Perú, Pedro Tipula, el 15% estaría comprometido con
la ejecución de los lotes. Por eso habla de la urgencia de contar con una ley
de ordenamiento territorial: “No te va a solucionar pero te ayudará en gran
medida a superar todos estos procesos negativos para la Amazonía y para los
pueblos indígenas”.
Y se lamenta de la falta de información, una de las
dificultades a la hora de armar esta investigación: “Hay algunas instituciones
que deberían de funcionar para lo cual han sido creadas. El Instituto de
Infraestructura de Datos Espaciales, que hay en Perú y en todos los países, tiene
como función centralizar toda la información cartográfica que tienen los
estados a nivel de sectores y acá no se cumple: no tiene funcionamiento. El que
ha tratado de juntar esa información es el Geoservidor del Ministerio del
Ambiente. Al no existir esta base de datos que permita superponer y ver los
derechos que ya existen, se hace difícil la labor”.
Las presiones son varias. Cifras para ver su dimensión: en la Amazonía existían, dice
la publicación, 417 hidroeléctricas. Se
tiene conocimiento que 171 están en operación o construcción y246 son
proyectadas. Otra cifra más: en toda la Amazonía existen 96.5 mil km de carreteras, la
mayoría (65%) no están pavimentadas.
Resalta la publicación: “La presencia de carreteras en la Amazonía predice,
favorece y acelera los procesos de deforestación. Su construcción está asociada
a formas depredadoras de extracción de recursos forestales (como la explotación
ilegal de madera), a los procesos de substitución del paisaje forestal por
actividades agropecuarias y a los grandes proyectos de infraestructura y
urbanización. Las carreteras aparecen nítidamente asociadas a regiones de mayor
deforestación, como el caso notorio del llamado “arco de deforestación” de la Amazonía brasilera, donde
están ubicadas las carreteras Belem-Brasilia, Cuiaba-Santarem, y Cuiaba-Porto
Velho”.
Y ponen como ejemplo, además, la vía transoceánica
entre Puerto Maldonado (Perú)–Cobija (Bolivia)–Rio Branco (Brasil), inaugurada el 2011, la cual pretende mejorar el comercio entre
los tres países y favorecer el comercio de productos de Brasil hacia China y de
Perú hacia África y Europa. Esta carretera podría duplicar a corto plazo,
afirma el estudio, el número de habitantes de Puerto Maldonado, que hoy cuenta
ya con algo más de 200 mil personas.
Por eso Smith plantea algo que suena
básico pero que resulta fundamental y que, lastimosamente, no se piensa ni
debate en nuestra política y sociedad a gran escala: “Debe haber un proceso de
planificación a largo plazo y preguntarnos: ¿qué país queremos y cómo queremos
llegar a eso? Puede haber áreas de sacrificio pero zonas como las agrícolas,
por ejemplo, no. Esas decisiones se deben de tomar”. Es momento de mirar la
totalidad, y tomar acciones en conjunto.
Brasil tiene 5 millones de km2 de la Amazonía. Es decir, la mayor porción. Por eso,
Richard Smith, director del Instituto del Bien Común, afirma: “Ver que el 27%
de la Amazonía
brasileña está con concesiones mineras, eso es wow. El Perú tiene poco en
minería, 3%, a diferencia del petróleo. El
petróleo y el gas están en la parte andina”. Guyana tiene 67%, pero su
territorio en la selva apenas es de 215.000 km2. En cambio, con 483.000 km2,
Colombia tiene un 10% destinado a la actividad minera. Y eso es solo la
industria extractiva legal.
El otro reto para Smith y los miembros de
la Raisg es
tratar de incluir las zonas de actividad minera ilegal, así sea solo
identificarlas y mapearlas con nombres.
Además, para el caso peruano y boliviano, pretende
ampliar la extensión del estudio: hasta ahora la información recogida se ciñe
en lo que es bosque, dejando fuera la zona andina de las cuencas. Expandir ese
margen es una propuesta que permitirá analizar el agua, recurso vital que
preocupa demasiado hoy en día.
Fuente: Noticias en Línea – El Comercio
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