Noticias en Línea. Ni el incremento de los robos al paso, de los asaltos en viviendas,
de los asesinatos por encargo y de las extorsiones han hecho que el gobierno
asigne una partida especial a los administradores de justicia para aplicar la
Ley contra el Crimen Organizado –Ley N° 30077–, que comenzó a regir desde ayer.
El
mismo presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, advirtió esta grave
situación. Pese a que ha dispuesto la creación de 60 juzgados y salas
especializadas en todo el país para encarar este desafío, ha aclarado que la
implementación de los mismos “está supeditada a la transferencia de recursos
que realice el Ministerio de Economía” a su sector.
En
tanto, el ministro del Interior, Daniel Urresti, dijo, a la salida del
Foro del Acuerdo Nacional, que “no vamos a esperar a que lleguen los patrulleros
ni a completar los 30 mil agentes para luchar contra la delincuencia, es
necesario comenzar ya una ofensiva con lo que tenemos”. Así, dejó en clara
evidencia la falta de recursos de la Policía.
Para Octavio Salazar, congresista y exministro del Interior, esta
situación refleja que la seguridad ciudadana no es prioridad para el gobierno,
a pesar de que esta se encuentra atravesando una grave crisis.
Refirió
que, pese a que la norma especifica claramente que se debe destinar una partida
especial a los operadores de justicia, el Ministerio de Economía no
lo ha hecho.
“Lo
que ocurre es que, cuando esta iniciativa legislativa fue enviada por el
Ejecutivo para su aprobación, uno de sus artículos decía que los diversos
sectores debían emplear sus propios recursos para aplicarla. Nosotros, en
el Parlamento, modificamos esta parte e incluimos una partida especial”,
recalcó Salazar.
El
congresista manifestó que le ha enviado cartas al presidente del Poder
Judicial, al fiscal de la Nación y al ministro del Interior para que acudan a
la Comisión de Presupuesto a fin de que expongan sus necesidades para incluirlas
en el presupuesto general de la República del próximo año.
¿Y
mientras tanto? Refirió que el Ministerio de Economía podría otorgar un
presupuesto ampliatorio de unos mil millones de soles, tal como lo ha
hecho en otras oportunidades con diversos sectores.
“Es
un tema delicado. Creo que se ha evaluado el peligro que se cierne sobre el
Estado. Si no se hace algo de inmediato, esto se va a poner peor”, expresó.
Sobre este tema, el premier René Cornejo resaltó que la Ley contra el Crimen
Organizado “fortalecerá las capacidades y las acciones de inteligencia de la
Policía”, la que podrá trabajar con mayor tranquilidad, ya que contará con
mejores herramientas.
Resaltó
que se ha capacitado a dos mil agentes sobre esta norma, que permitirá “afianzar
la cooperación entre el cuerpo policial y los gobiernos regionales y
municipales”. Sin embargo, no habló de la asignación de presupuestos para
implementarla.
NEL/Perú21
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