Siguen
los pasos de Luis Alva Castro, César Zumaeta y Daniel Abugattás. El Congreso
fue autorizado, a través de la Ley
de Presupuesto Público 2013, a ejecutar proyectos para sedes legislativas o
administrativas, incluyendo equipamiento y mobiliario, exonerándolos de todas las normas
de control y transparencia señaladas en leyes como la
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
La gestión de Víctor
Isla logró incluir
estas exoneraciones en las disposiciones
complementarias finales 117 y 118 del proyecto presupuestal aprobado el
pasado viernes.
Según la disposición 117, los
proyectos de sedes legislativas también quedan exonerados de la leyes del
Sistema Nacional de Inversión Pública, del Patrimonio Cultural y de regulación
de habilitaciones urbanas y edificaciones.
Fuentes parlamentarias consideraron
que esto es “un
contrabando” en la Ley de Presupuesto porque Isla ha utilizado la mecánica
aplicada para lograr exoneraciones ante situaciones excepcionales o de
emergencia. Sin embargo, ni la ejecución de obras para el Legislativo ni la
compra de computadoras, señalados en la disposición, pueden ser considerados de
urgencia nacional.
Los congresistas tampoco
devolverán los recursos no utilizados en la partida de este año. Se
incorporarán a su presupuesto del año 2013.
La disposición 118 reviste
igual importancia porque exonera al Congreso de los alcances del artículo 6° de
la Ley de
Presupuesto 2012 que prohíbe a las entidades públicas el incremento de
remuneraciones o nuevas bonificaciones.
Esta exoneración permitirá implementar una “addenda establecida en el Acuerdo
de Mesa Directiva 155”, que aún no se ha publicado.
Según las fuentes, el contrabando del Congreso en la Ley de Presupuesto formaría
parte de una política de gastos sin control, que incluye mejorar los ingresos
que perciben los parlamentarios por concepto de bono de representación.
Por esta razón, el anunciado
aumento de dicho bono –que pasa de 7 mil a 15 mil soles– no ha generado ninguna
reacción negativa en los parlamentarios; por el contrario, se muestran
satisfechos.
Ni siquiera los opositores fujimoristas han protestado. Es decir, mientras Isla
elimina las trabas legales para aumentar el bono a los congresistas y así estos
quedan contentos, logra que las adquisiciones y contrataciones que realizará en
su gestión se exoneren de toda norma de control y transparencia.
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