Según
un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el 97%
de los niños y niñas de entre los 6 meses y los 6 años y el 98% de entre 7 y 12
años presentan altos niveles de plomo en la sangre en la ciudad
de La
Oroya (Junín).
El
documento incluye además una serie de recomendaciones
dirigidas a las autoridades peruanas y a la empresa involucrada
de la generación de plomo en la zona.
Asimismo,
se detalló que desde 2007, está en curso ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) una demanda contra el Estado peruano
por la violación a los derechos humanos derivada de las emisiones tóxicas del
Complejo Metalúrgico de La Oroya.
Las
víctimas de este caso son representadas por la Asociación Interamericana para
la Defensa del Ambiente (AIDA) y otras organizaciones.
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